REPORTAJE

[El Orden Mundial.com]

    (13 octubre, 2024

Por Marcos Bartolomé)

   País de Propietarios

El franquismo les dijo a los españoles que todos podían tener un piso en propiedad. Sin embargo, el sueño se ha resquebrajado desde la crisis inmobiliaria de 2007, creando más desigualdad y una vuelta a los años treinta, cuando se produjo la mayor huelga de alquileres en la historia del país.

Tirar la casa por la ventana no era una metáfora en la Barcelona de 1931. La idea fue de la Guardia de Asalto republicana que, como la policía actual, estaba encargada de ejecutar los desahucios. Al principio bajaban a la calle el mobiliario de la familia desahuciada, pero, como los vecinos se aprestaban a subirlo de nuevo, empezaron a arrojar muebles y enseres por el balcón; así, la vivienda quedaba inhabitable. Barcelona había sido la Meca de un fuerte éxodo rural con motivo de la Exposición Universal de 1929. Pero, acabada la exposición, acabado el trabajo. Y con el contagio en España de la Gran Depresión, los impagos de alquileres explotaron. En algunos barrios, los desahucios se multiplicaron por cuatro. 

Fue el pistoletazo de la desconocida huelga de alquileres de 1931, en la que participaron hasta 100.000 familias. La organización sindical conquistó rebajas del 50% en los alquileres, así como la renuncia de los caseros a ingresar las mensualidades del periodo de huelga. Antes de la victoria, represión brutal. Las cárceles se quedaban tan pequeñas que los sindicalistas apaleados acabaron a bordo de barcos reconvertidos en calabozos improvisados.

La España de los años treinta, cuarenta o cincuenta no era aún un país de propietarios, sino una sociedad de inquilinos: hasta los sesenta, la mitad de la oferta de vivienda en el Estado era en alquiler. Y en 1950 sólo uno de cada veinte madrileños o barceloneses poseía una. Hoy cuesta creerlo si atendemos al sinfín de titulares que lamentan que los españoles tengan una supuesta mentalidad de propietarios casi inscrita en su ADN. Pero las tornas iban a cambiar. Para 2007, el Ministerio de Vivienda estimaba que el 87% de los hogares españoles tenían al menos una vivienda en propiedad. ¿Cómo se produjo tamaña revolución? 

“Queremos una sociedad de propietarios, no de proletarios”

Estas palabras las pronunció José Luis Arrese, primer ministro de Vivienda de la historia española, en un discurso ante las Cortes franquistas. A finales de los años cincuenta, un nuevo peligro amenazaba con perturbar la paz social que el bando sublevado había ganado por las armas en la Guerra Civil. Unos doce millones de españoles (alrededor del 40% de la población de la época) cambiaron de casa entre 1951 y 1975, mayoritariamente en migraciones desde el arrasado campo hacia grandes polos económicos como Madrid, Barcelona o el País Vasco. Y, con ellas, aparecía el chabolismo y la potencial ingobernabilidad que hoy asociaríamos, por ejemplo, a las favelas brasileñas.

¿En qué se concretó esta divisa de Arrese? En una profunda intervención en el panorama inmobiliario. Mientras el franquismo desincentivaba el alquiler de vivienda, la ley de viviendas de renta limitada de 1954 posibilitó la construcción de millones de viviendas protegidas financiando el 60% de su valor. Con una particularidad: no se ayudaba directamente a los españoles. En su lugar, se subvencionaba a los operadores privados para levantar aquellos edificios de muchos pisos y baja calidad estética y técnica que rodean como un abrazo de ladrillo las grandes ciudades españolas.

Son los llamados polígonos de vivienda. La España de los toldos verdes a la que pertenecen decenas de barrios del país desde el Polígono Sur de Sevilla, la Ciutat Meridiana en Barcelona hasta Aluche o Móstoles en Madrid. Estalló un auténtico boom de la construcción: entre 1961 y 1975 el II Plan Nacional de Vivienda construyó cuatro millones de pisos. Muchas fortunas de la era franquista que perduran hasta nuestros días son deudoras de estas ayudas. Para rematar, se creó el Banco Hipotecario de España, que compensaba el recelo de los bancos privados a conceder hipotecas de riesgo a las clases trabajadoras. 

En aquel hemiciclo hueco de soberanía popular, Arrese resumía a la perfección la búsqueda del régimen franquista del efecto desproletarizador. Según el pensamiento liberal clásico de tradición anglosajona, la sociedad tenía que ser una “república de propietarios”. Así se consigue inclinar a sus miembros hacia posiciones más conservadoras, pues estos pasan a buscar la protección de su patrimonio, generándose un consenso para políticas fiscales regresivas, como la abolición del impuesto de sucesiones. Exactamente lo que haría la primera ministra británica Margaret Thatcher en 1980 con su política del right to buy (‘derecho a comprar’). El franquismo, con su ocurrencia de crear vivienda subsidiada en régimen de propiedad en lugar de alquiler, como en otros países de Europa, inventó el thatcherismo veinte años antes de Thatcher.

España aprendió a construir… y olvidó todo lo demás

Con esta intervención franquista se encendían los fogones, nunca apagados, que cocinarían la paella de una economía española basada en ladrillo y turismo. Estos dos sectores se retroalimentan de un modo muy conveniente para su lucro, pero extremadamente dañino para el medio natural, sobre todo en zonas litorales. El “Spain is different” del ministro Manuel Fraga —el lema turístico por excelencia del franquismo— fue la carta a los Reyes Magos de los constructores hecha realidad.

De golpe y porrazo no sólo se podían construir casas para los españoles (cuyo crecimiento poblacional pronto se estancaría), sino también como segundas residencias o alojamientos turísticos. Así pues, el potencial inmobiliario se expandía casi hasta el infinito, siempre que se consiguiera fomentar lo suficiente la llegada de turistas. Como escribe Jorge Dioni en El malestar de las ciudades: “La materia prima de España es España hasta que se agote”. 

España aprendió a construir y, para el final del periodo conocido como desarrollismo (1959-1974), cada año salían al mercado 400.000 viviendas nuevas cual churros de un puesto de feria. Si bien el país se convertiría en una democracia, nunca se produjo la transición de lo que podríamos calificar de franquismo inmobiliario. Entre 1999 y la crisis de 2007, cada año se iniciaban más de medio millón de nuevas viviendas. Resultado: hoy España es uno de los países desarrollados con más unidades habitacionales por habitante (más de quinientas por cada mil españoles), según datos de la OCDE. También hay tres millones de viviendas vacías y tres millones de segundas residencias, el parque más grande de Europa. Aun así, el mito de que solucionar el problema de la vivienda requiere de construir más goza de buena salud.