8 MISERABLES MESES
El gobierno valenciano de PP y VOX trata de desprestigiar y apartar a la jueza de la DANA, Núria Ruiz Tobarra , por el sumario que está incoando contra los presuntos responsables de la DANA. No soportan que la jueza actúe libremente y separe el grano de la paja señalando a los responsables directos del desastre y exonerando al resto de administraciones autonómicas y nacionales por su nefasta y negligente actuación que acabó con 228 fallecidos.
Quieren involucrar a cuantos más mejor para eludir sus responsabilidades. Políticos, jueces y fiscales de su cuerda ya desprecian y acusan a la jueza de partidista y manipuladora contra sus intereses.
La cacería ha comenzado. Según ValenciaPlaza:
“Las decisiones de la instructora, que marca el paso, con una Fiscalía de perfil bajo, acumulan ya varios recursos en su contra. La investigación, que ya se antojaba difícil de gobernar -hay una cuarentena de partes personadas-, transita por momentos cruciales.
Desde que asumiera la batuta, la magistrada Núria Ruiz Tobarra, titular del juzgado 3 de Catarroja, ha tutelado la instrucción expeditiva, con diligencia y decisión para sorpresa de muchos y con un lenguaje claro y directo, en ocasiones lacónico y crudo. La especial contundencia con la que desde el principio ha ceñido las pesquisas al aviso "tardío y erróneo" a la población y ha reiterado la responsabilidad única de la Generalitat Valenciana hasta citar como investigados a la exconsellera Salomé Pradas y el ex secretario autonómico Emilio Argüeso ha conseguido el aplauso de buena parte de las víctimas y especialmente de aquellas partes que ven negligencia exclusiva -y excluyente- en la actuación de la administración valenciana, con el president, Carlos Mazón, como objetivo final.
Sin embargo, esta misma condición ha motivado la irritación - además del Consell, PP y Vox-, por otra parte de las acusaciones incluída una de las asociaciones de afectados. Cada cual tiene su estrategia y objetivos, en especial indagar también en la responsabilidad de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) y los Ayuntamientos, pero todas ellas se muestran convencidas de que la magistrada está desnaturalizando la fase de instrucción, dictando autos con consideraciones concluyentes y rechazando diligencias por no atender el objeto de la investigación marcado por la propia jueza. La instrucción, vienen a decir, está para indagar el nexo causal con la tragedia humana y material sin apriorismos; si hay o no delito, insisten, si hay o no responsables a nivel judicial, deberá determinarse tras analizar toda la información disponible y no antes.”
Están de los nervios porque la Espada de Damocles va rondando sus cabezas.
“El ánimo de varias partes se sustancia en el último escrito presentado por la defensa de Pradas este miércoles pasado ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) donde pide la suspensión temporal de la jueza, entre otras cosas por sus resoluciones, que le parecen "de conclusión de sumario e, incluso, de una sentencia condenatoria". La queja presentada es dura y acusa a la magistrada de tener "una opinión predeterminada", de manifestar esa "convicción una y otra vez" y hasta de "ironizar" en sus escritos mientras deniega "cualesquiera diligencias que pudieran indicar otro resultado del procedimiento". Incluso apunta a defectos de procedimiento en una causa que ve "ingobernable" por la gran cantidad de partes personadas y los consiguientes problemas: abundante tramitación de escritos y recursos e interminables declaraciones.”
Consultadas fuente judiciales por mí me dicen que en la instrucción hasta ahora nada que objetar. Pero como el PP es especialista trilero en cuestiones judiciales tratará por tierra, mar y aire de descarrilar a la jueza y que quien venga sea de su cuerda.
Lo cierto es que este es el último escrito contra la jueza, donde desliza incluso la posible intervención externa de su marido, también juez. El último tras varios recursos que se acumulan contra las decisiones de la magistrada. La sección segunda de la Audiencia Provincial de Valencia ha fijado este jueves como fecha para la resolución de estas impugnaciones presentadas por Pradas y Argüeso contra su imputación pero también de otras partes como la Asociación de Damnificados de la Dana Horta Sud o o la asociación ultraconservadora Hazteoir.
La asociación de damnificados tiene pendientes de resolución dos escritos, uno de ellos presentado este mismo miércoles. En él pide que se revoque la decisión de la jueza de no investigar al presidente de la CHJ, Miguel Polo, y otros cargos de la Generalitat Valenciana como el director, el subdirector y la jefa de servicio de Emergencias por su pasividad y falta de actuación pese a contar con información clave. Sobre el primero, insiste en que no avisó por llamada y, como confirmó la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, tampoco "trasladó al Cecopi ni la existencia de los correos electrónicos ni, mucho menos, el contenido de los mismos" sobre la crecida del Poyo.”
(Entrecomillado artículo de ValenciaPlaza)
"En juicios te veas y los ganes" reza el dicho. Pero a las 228 personas fallecidas las llevarán siempre en la mochila de su conciencia con Mazón, el fugitivo, al frente.
###################
Si prefiere escuchar la narración del informe aquí puede hacerlo
Ok
ResponderEliminar