Otro dislate ¿Cuantos van...?
El presidente de la Generalitat Valenciana, el popular Carlos Mazón, acudió este viernes a la Conferencia de Presidentes Autonómicos con la intención de llevar un mensaje de liderazgo tras la catástrofe que ha arrasado varias comarcas valencianas y ha dejado en evidencia su gestión. Mazón avanzó que pedirá “la elaboración de un plan nacional contra inundaciones y otras catástrofes análogas y la creación de un fondo extraordinario nacional para catástrofes”.
El proyecto que quiere presentar el presidente valenciano ante sus homólogos y ante el jefe del Gobierno, Pedro Sánchez, con quien lleva semanas en confrontación directa tiene algunas lagunas. La primera, que ya hay un plan nacional de inundaciones. De hecho, hay unos cuantos: los de primera y segunda generación, elaborados por el Gobierno mediante real decreto, de los que emanan planes autonómicos, y su actualización en 2023. El primero lo aprobó el Gobierno de Mariano Rajoy en enero de 2016, cuando se encontraba en funciones por la reciente convocatoria electoral, con Isabel García Tejerina como responsable de Medio Ambiente.
Basta con echar un vistazo a la web del Ministerio de Transición Ecológica para toparse con los Planes de gestión del riesgo de inundación (abreviados como PGRI). Estos planes comenzaron a aprobarse en 2016, mediante real decreto, con 16 documentos: doce de las demarcaciones hidrográficas competencia del Estado (Cantábrico Occidental, Cantábrico Oriental, Miño-Sil, Duero, Tajo, Guadiana, Guadalquivir, Ceuta, Melilla, Segura, Júcar y Ebro) y cuatro para las demarcaciones de competencia autonómica (Galicia Costa, Tinto-Odiel-Piedras, Guadalete-Barbate y Cuencas Mediterráneas Andaluzas), según figura en un comunicado de Moncloa junto a la entonces ministra García Tejerina. Están en vigor desde enero de 2016 y, según dijo García Tejerina, supusieron una inversión de 700 millones de euros estatales más 100 millones correspondientes a las medidas incluidas en los cuatro planes autonómicos.
El modelo de la demarcación elegido no es caprichoso: viene marcado por la Unión Europea.
El plan nacional se realizó a instancias de una directiva europea aprobada en 2007, que señala que “los Estados miembros prepararán, para cada demarcación hidrográfica y cada unidad de gestión, mapas de peligrosidad por inundaciones y mapas de riesgo de inundación, a la escala que resulte más apropiada para las zonas determinadas”. Este texto también marca que deben revisarse cada seis años.
En 2021, cumpliendo lo marcado desde Bruselas, el Gobierno central inició el trabajo de otra tanda de planes de inundaciones, los llamados planes de segunda generación. El de la demarcación del Júcar, afectado por esta DANA, se aprobó en enero de 2023. Es a raíz de estos planes que se han desarrollado los instrumentos autonómicos, el Patricova en el caso valenciano, o los mapas de peligrosidad y riesgo de inundación.
(elDiario.esC.V.)
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APUNTE DEL EDITOR
¿ A quienes tiene, el Marqués de la Masoná, como asesores e ideólogos en su gobierno?¿Algunos infiltrados socialistas, de Compromís o Ayusistas? No creo que sean de su cuerda para aconsejarle decir mentiras, esconderse de los ciudadanos, ocultar a las víctimas, encomendarse a la reconstrucción para desviar la atención de su negligencia y negar lo que han visto y oído, nuestros sentidos. Mazón: "Cada vez que hablas sube el pan"¡Para ya de una! Haznos un favor a todos ¡Dimite!
Ok
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