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(Extracto artículo de - El País- 30/04/2024)

España necesita 24 millones de inmigrantes.

El Banco de España hace una llamada de atención sobre el reto de las pensiones. Ni la llegada de inmigrantes, ni las subidas de cotizaciones, ni los incentivos a demorar la jubilación serán suficientes por sí solos para abordar un problema de “extraordinaria envergadura” y “uno de los mayores desafíos a los que se enfrentarán las principales economías en los próximos años”, señala en su informe anual . En España, además, el envejecimiento será incluso más acusado que en otros países: haría falta que en 2053 se triplicaran las previsiones que hace el Instituto Nacional de Estadística sobre los extranjeros residentes para que pueda permanecer igual la relación entre el número de personas en edad de trabajar y el de pensionistas.

 Para dentro de tres décadas, el INE espera que en España haya 14,8 millones de pensionistas, 18 millones de nacionales en edad de trabajar y 12 millones de extranjeros activos. Con estas cifras, la proporción entre ocupados y jubilados se estrecharía mucho. Así que para mantener la tasa de dependencia actual, situada en el 26%, el Banco de España explica que la población inmigrante trabajadora tendría que subir en más de 24 millones hasta un total de 37 millones. Habría bastantes más trabajadores foráneos que españoles e implicaría que se tendrían que crear unos 800.000 puestos de trabajo al año solo para acoger estas llegadas.

Con más de un 17% de los residentes nacidos fuera, España ya está entre los cuatro países del mundo con una mayor proporción de extranjeros tras Estados Unidos, Alemania y Reino Unido. A la luz de estos números y a pesar del elevado dinamismo de los flujos migratorios hacia España, “no parece probable que la inmigración pueda evitar el proceso de envejecimiento en el que se encuentra inmerso nuestro país”, concluye. Por otra parte, aunque contribuyen de forma decisiva a paliar la escasez de mano de obra, los inmigrantes no presentan la formación de los nacidos en España y no servirían en esa medida para responder a las necesidades que creará la transformación tecnológica, alerta el organismo que dirigía el gobernador Pablo Hernández de Cos.

Pero lo que sí pone en duda es la cifra de ahorros que se pueden obtener tomando la muestra de vidas laborales de la Seguridad Social. Con estas apunta que el ahorro podría ser bastante más reducido: al menos la mitad de lo que calcula el Ejecutivo, en parte porque después tendrían que pagarles más prestación por los incentivos. Estos consisten en un 4% más de pensión por año demorado o una cifra bastante menor en un solo desembolso. Por cada año que se logre posponer la jubilación, el Gobierno calcula un ahorro de nueve décimas de PIB, mientras que el Banco de España lo estima entre dos décimas si todos toman el 4% anual y seis décimas si todos cogen el pago único. En consecuencia, en lugar de la mitad de los trabajadores, todas las altas ordinarias tendrían que producirse tres años más tarde tomando el pago único para acercarse a la cifra de ahorro esperada por el Gobierno. Si un porcentaje importante tomara el 4% anual como sería lógico, el ahorro acabaría siendo bastante inferior. “Tendría un efecto limitado en la reducción del gasto en pensiones”, asegura el gobernador Pablo Hernández de Cos en la presentación del informe.

Como ha argumentado otras veces, la institución recuerda que la reforma de pensiones aprobada entre 2021 y 2023 ha aumentado las obligaciones de gasto sin elevar en la misma medida los ingresos. Y apunta que en 2025, con una alta probabilidad, se pondrá en marcha la cláusula de revisión de las pensiones que impuso Bruselas. Esta obliga a que, si no se acuerdan otras medidas alternativas, se tengan que subir las cotizaciones por valor de la desviación prevista en el gasto. Sin embargo, el Banco de España desaconseja tomar la vía de subir las cuotas sociales: según sus estimaciones, por cada punto que suban las cotizaciones se pierde un 0,25% del empleo al cabo de cuatro años. Unos 50.000 trabajos por cada punto. La reforma aprobada ya contempla una subida de casi tres puntos sin poner en marcha la cláusula de revisión de 2025. Podría ser perjudicial para el empleo, la competitividad de la economía y tener consecuencias sobre la equidad intergeneracional, afirma el supervisor.

Esta es una verdad basada en datos, cifras, argumentos y explicaciones constatables, comparables y reales, lejos de negacionismos vacuos.Pero si UD. prefiere creerse lo otro sin más, conviértase en un apóstol del negacionismo con toda libertad, el ejército de la ignorancia crece cada día bajo esos parámetros.